Por Javier Santacruz Cano, Profesor del IEB y socio de Long-Tail Risk Partners.
La crisis del ‘coronavirus’ ha acabado con el ciclo económico, el cual ya se encontraba en una fase avanzada de agotamiento –era cuestión de 2 o 3 trimestres, a lo sumo, la entrada en recesión de las economías occidentales, especialmente las europeas– dejando registros para los libros de Historia.
Las caídas en la actividad y confianza de los agentes económicos sólo son comparables a las de una catástrofe natural o una guerra, aunque ni su trayectoria ni las consecuencias de medio y largo plazo son las mismas. La economía española ha sufrido una destrucción, parálisis y socavamiento de sus fundamentos básicos, en parte por la dinámica de una pandemia de consecuencias aún hoy imprevisibles, pero, también, en parte por la ejecución de un menú errático, confuso y francamente dañino de políticas económicas sin reparar en las consecuencias de fondo que tienen a largo plazo.
El caso de España, al igual que es singular desde el punto de vista de consecuencias sanitarias (el mayor número de muertos por millón de habitantes, con unas tasas de mortalidad que superan el 10% en cohortes de población arrasadas en los grandes focos de contagio como los mayores de 70 años), también lo es y lo va a seguir siendo en los próximos meses en materia económica.
Sólo Italia y España han decretado medidas de confinamiento que han implicado la parálisis de todos los sectores de actividad no esenciales durante semanas sin que esto ni siquiera tuviera un fundamento más o menos sólido desde el punto de vista virológico (más que epidemiológico, que esto sería otra discusión), ya que a pesar de la escasez de estadísticas fiables y con cierto nivel de detalle, sabemos que la fuente principal de contagios no está en las personas que acuden a sus lugares de trabajo, con la excepción del personal sanitario y auxiliar que está sufriendo especialmente la escasez de medios y de coordinación de 17 políticas sanitarias desarticuladas sin mecanismos eficaces y eficientes de compra centralizada y a tiempo.
Mientras esto sucede en España, en los países del centro y norte de Europa no se paralizó en ningún momento la actividad económica. Dinamarca, Suiza, Alemania o Austria ya han iniciado planes de adaptación de las actividades económicas más expuestas a aglomeraciones de personas, permitiendo el ejercicio profesional y personal, incluso en algunos casos con apertura de fronteras.
También Estados Unidos, Japón y otras grandes economías han adoptado políticas de confinamiento limitado, tomando medidas de carácter selectivo por grupos de edad, territorios y actividades más expuestas, además de provisionarse de medios de seguridad y detección masivos. En estos casos, si bien la contracción económica será importante a corto plazo, mantienen prácticamente intacta la probabilidad de una recuperación en “V”, dado que han evitado que la crisis de demanda se convierta en una crisis de oferta con destrucción de capital y empleo.
En los próximos meses, las diferencias en PIB tanto real como potencial entre el grupo de países que aplicó medidas minimizando el daño económico (Alemania, Austria, Holanda o Portugal) y los que no lo han hecho (España e Italia, fundamentalmente) se agrandará de forma extraordinaria a favor de los primeros.
De un diferencial de crecimiento España-Alemania de 1,4 puntos porcentuales a favor de España al cierre de 2019, se puede ir a un diferencial negativo de 1,2 puntos en 2020 en el escenario base de Nordea-Macrobond1, mientras que el diferencial se volvería positivo en 2021 (+1,3 puntos) pero sin capacidad de recuperar el punto de partida, ya que tendría que crecer un 8,85% para recuperar las tasas previas al COVID-19.
En términos tendenciales, la OCDE estima para España un ‘output – gap’ pre crisis del -1% del PIB potencial frente al -0,41% de la Eurozona o el +0,69% de Alemania2. En el escenario de salida, debido a que la destrucción de tejido productivo en España es muy probable que sea en una buena parte estructural y no coyuntural por los elementos señalados anteriormente, el ‘output – gap’ se distanciará aún más de la media de la Zona Euro teniendo como máximo downside el -12% marcado al final de la anterior fase recesiva en 2013. Este es, por tanto, el escenario de una gestión y la realidad de una estructura económica a la cual no se puede mantener por mucho tiempo paralizada por decreto gubernamental.
Es evidente que si un Gobierno conculca libertades fundamentales y decreta el cierre de actividades productivas, como mínimo tiene que ofrecer soluciones rápidas, prácticas y que lleguen a todos los ciudadanos afectados. Sin embargo, ha vuelto el debate que tanto tiempo nos hizo perder a los economistas en la crisis de deuda de 2010 de si la ‘austeridad’ es buena o mala, si el tamaño del Estado es el adecuado o no para lanzar políticas de estímulo, cuánto dinero tiene que estar dispuesta la Unión Europea a poner encima de la mesa… Volvemos a caer en el error de pensar que las políticas económicas en una grave crisis estructural (en esta ocasión provocada por las decisiones de los policy makers) son “de estímulo” por falta de “demanda efectiva” como dicta la teoría keynesiana.
No es así: una economía de mercado que se rige por unas instituciones políticas y económicas claras donde uno de los principios esenciales es la seguridad jurídica y donde imperan la Ley (‘rule of law’), el derecho a la propiedad y el cumplimiento de los contratos, el menoscabo de alguno de estos derechos fundamentales y la activación de cláusulas de fuerza mayor, generan automáticamente el derecho a una compensación que, tratándose de un soberano como el español, viene en forma de más endeudamiento a largo plazo, el cual se financia a corto plazo con recurso indirecto al Banco Central Europeo pero que en el fondo son los impuestos del mañana.
Esta es, quizá, una de las consecuencias económicas de largo alcance que sin duda tendrá que afrontar la economía española en los próximos meses. En este sentido, existen dos escenarios: el primero, una materialización (aunque improbable) de un mecanismo de transferencias presupuestarias europeas que minimizarían el impacto sobre la ratio de Deuda Pública sobre PIB de España y, el segundo, la disposición de fondos vía préstamos de las diferentes instituciones ya creadas (BCE, BEI, MEDE…) con condicionalidad macroeconómica. En este último caso, un incremento de 25 puntos de la ratio de endeudamiento público costará más de un punto de crecimiento del PIB a largo plazo (Checherita y Rother, 2010)3.
Por consiguiente, sin una evaluación clara, precisa y minuciosa de las consecuencias de la gestión de la crisis sanitaria, no se puede llevar a cabo un ejercicio necesario como es el de hacer estimaciones y elaborar escenarios de salida de esta crisis y cómo puede comportarse la economía española a partir del segundo semestre de este año 2020.
Hasta la fecha, las estimaciones realizadas por diversas instituciones siguen estando condicionadas por una información ‘puntual’ como son los datos de coyuntura de los meses de marzo y alguno que se empieza a conocer de abril y, partiendo de esta información, se extrapola al conjunto del año en función de unas probabilidades definidas ex ante. Pero, como decimos en Matemáticas, por un punto (datos de coyuntura que rompen tendencias y series históricas) pasan infinitas rectas (estimaciones).
En cualquier caso, dado que el 30% del PIB está concentrado en tres sectores fuertemente golpeados por el ‘coronavirus’ (turismo, automóvil y construcción), se espera del Gobierno un plan racional de desescalada que permita poner en marcha estas industrias. De no hacerlo, el segundo semestre de 2020 y el año 2021 serán extraordinariamente difíciles para España.
Artículo publicado en el informe Reflexiones jurídicas y financieras pos-Covid-19.
1 https://e-markets.nordea.com/#!/article/56469/the-global-coronavirus-recession
2 https://stats.oecd.org/Index.aspx?QueryId=61360#
3 https://www.eleconomista.es/nacional/noticias/10447103/03/20/La-deuda-publica-llegara-al-120-del-PIB-y-costara-un-1-de-avance-anual.html
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