Por Carol García Lago, profesora del Máster en Blockchain e Inversión de Activos Digitales del IEB.
Durante años, los activos digitales en Europa han vivido en un limbo curioso: presentes en casi todas las presentaciones de innovación, pero demasiado ambiguos como para escalar más allá del piloto. Con la plena entrada en vigor de MiCA y el análisis de la CNMV tras su primer año, ese limbo empieza a cerrarse: Europa deja de experimentar con tecnologías y empieza a construir un mercado operable, con reglas claras, actores identificables y supervisión homogénea. Para la industria de la gestión de activos y la banca privada, esto significa que lo que antes era proyecto aspiracional empieza a convertirse en línea estratégica potencial.
Dónde está el negocio para fondos y banca privada
El primer bloque es la custodia. La custodia de cripto activos deja de ser un asunto puramente técnico (wallets y claves) para convertirse en infraestructura crítica, al mismo nivel que la custodia tradicional de valores. MiCA exige segregación adecuada, garantías de restitución y estándares de resiliencia operativa que encajan mejor con el ADN de bancos, depositarios globales y proveedores de infraestructuras que con el de actores puramente cryptonativos. Para las entidades que ya son custodios en el mundo tradicional, se abre un espacio natural para extender capacidades hacia activos digitales y convertirse en punto de apoyo de gestoras y vehículos que quieran exponer a sus clientes a este universo.
El segundo bloque son las emisiones reguladas, especialmente las fichas de dinero electrónico (EMT) y las fichas referenciadas a activos (ART). Aquí el juego es claramente de balance, reservas y compliance. Emitir un instrumento estable, con reservas auditables y gobernanza supervisada, no es un negocio de marketing cripto, sino de
gestión de liquidez, control de riesgos y alineamiento con la normativa de pagos y de mercado. Para bancos emisores y grupos con experiencia en medios de pago, esta es una vía evidente para ofrecer piezas digitales que puedan integrarse en soluciones de cash management, en esquemas de tokenización o en arquitecturas de fondos que necesiten un activo puente estable y regulado.
El tercer espacio es el de pagos y liquidación sobre tecnologías de registro distribuido. Más allá del discurso ideológico, el atractivo aquí es operativo: sustituir capas ineficientes de reconciliación financiera por ciclos de liquidación más cortos, con menor riesgo operativo y mejor trazabilidad. Para proveedores de servicios de back‑office, bancos transnacionales y grandes grupos de infraestructuras, la tokenización de ciertos activos y el uso de DLT para settlement no son un fin en sí mismos, sino un vector de ahorro de costes, reducción de errores y mejora de servicio a gestoras y distribuidores.
Por último, están los proveedores de servicios sobre cripto activos (CASPs) como plataformas escalables. MiCA les otorga un marco de autorización y un pasaporte europeo, lo que apunta a un sector con menos actores, pero más grandes y mejor supervisados. Desde la óptica de fondos y banca privada, esto es clave: poder trabajar con plataformas que ofrecen acceso a cripto activos, tokenización o servicios auxiliares bajo un paraguas regulatorio común reduce el coste de due diligence, simplifica el análisis de riesgos y facilita la integración en la cadena de valor (de la emisión, a la negociación, a la custodia).
El tipo de actor que sale reforzado
En este contexto, no son necesariamente las empresas más visibles las que salen reforzadas, sino las mejor estructuradas: tecnología sólida, gobernanza clara, gestión de riesgos madura y capacidad de interlocución institucional. Para la industria de la inversión colectiva, esto tiene una traducción directa: contrapartes más alineadas con los estándares de la gestión tradicional, más preparadas para soportar procesos de due diligence de una gestora y más adaptadas a los requerimientos de un depositario.
Hay, además, un efecto silencioso sobre el tipo de cliente. El entorno MiCA reduce el peso de la pura especulación minorista y desplaza el foco hacia el cliente institucional, el ahorro a largo plazo y el inversor cualificado que demanda infraestructuras y productos regulados. Para una entidad de banca privada o una gestora, esto significa un negocio potencialmente menos volátil, con flujos de ingresos más recurrentes y relaciones contractuales de mayor duración, aunque también con exigencias más altas de formación, reporting y transparencia hacia el cliente final.
La pregunta correcta para 2026, por tanto, no es si una entidad debe entrar en cripto, sino en qué capa del nuevo stack financiero europeo quiere posicionarse: ¿infraestructura de custodia?, ¿emisión regulada y medios de pago?, ¿plataformas CASP?, ¿integración de activos tokenizados en vehículos de inversión existentes? MiCA hace que el mercado europeo de activos digitales sea menos ruidoso, menos “sexy”, pero mucho más serio. Para el negocio, especialmente el de la gestión de activos y la banca privada, eso suele ser una buena noticia.
Tribuna publicada en Funds People.
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