Por Pedro Fernández, profesor de deontología profesional y filosofía política en IEB.
El reciente informe emitido por el abogado general del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), Dean Spielmann, en relación con las cuestiones prejudiciales planteadas sobre la Ley Orgánica de Amnistía (LOA), ha generado una cascada de reacciones en buena parte por la sorprendente previsibilidad acrítica en sus conclusiones acogiendo la mayoría de los argumentos planteados por el Tribunal Constitucional el pasado 26 de junio (STC 137/2025).
El abogado general defiende que la amnistía española no sería contraria al ordenamiento comunitario y, de hecho, «nada permite calificarla de autoamnistía» por haberse aprobado en un «debate y votación democrática en las Cortes Generales», lejos de cualquier acto «unilateral» de un régimen autoritario.
En otras palabras, el abogado general avala que la LOA se tramitó dentro de la normalidad parlamentaria de un Estado democrático y, por ello, rechaza equiparar con las auto amnistías clásicamente condenadas en el Derecho internacional. Sin embargo, este punto de vista, de asumirse en su esencia por el TJUE, podría suponer una erosión de principios democráticos esenciales.
Buena parte de la crítica se centra en que el informe del abogado general parece convalidar lo que se viene en denominar un «uso alternativo del Derecho» con fines políticos, algo que tiene un impacto negativo en la ética pública. La expresión «uso alternativo del Derecho» alude aquí a la manipulación de las normas jurídicas para objetivos ajenos al principio de justicia -en este caso, garantizar la continuidad de un presidente del Gobierno en el poder mediante un perdón con ropaje legal a aliados políticos-.
Porque si una cosa es incuestionable es que la Ley de Amnistía se negoció como moneda de cambio en la formación del nuevo Gobierno de Sánchez y se redactó «mano a mano» entre miembros del Ejecutivo en funciones y los propios futuros beneficiarios de la amnistía. Este trueque de favores -«te prometo la amnistía a cambio de que votes mi investidura»- representa una degeneración democrática. Que una norma penal tan excepcional se geste de ese modo deja en entredicho la ética pública que obliga a los gobernantes a actuar con respeto a las leyes aprobadas democráticamente y no aplicarlas o reinterpretarlas con una clara intención oportunista y partidista.
El Estado de derecho democrático se funda en la idea de que nadie que haya cometido delitos graves contra el orden público debe quedar al margen de la Justicia. Por eso existe amplio consenso en Europa sobre la ilegitimidad de las auto amnistías que permiten a quienes detentan el poder «sustraerse a toda forma de responsabilidad, sin control judicial efectivo ni auténtica participación democrática» (lo reconoce el propio abogado general en sus «Conclusiones» sobre la LOA). En una democracia consolidada, la impunidad de ciertos actos plantea un serio choque con el principio de justicia y recordemos que la LOA extingue procedimientos penales y contables relacionados con el proceso independentista en Cataluña de 2017, incluyendo delitos como la malversación de caudales públicos o los de desórdenes públicos que pretendían subvertir la legalidad constitucional. ¿Puede sostenerse que perdonar esas conductas sirve al bien común? Desde luego que no, por cuanto ni siquiera ha mediado arrepentimiento ni voluntad de reparación por parte de sus autores -de hecho, algunos de ellos todavía mantienen que «lo volverán a hacer»-, y la amnistía se otorga sin una voluntad sincera de reintegrarse en el orden constitucional.
Por ello, el bien común —es decir, el interés de la sociedad en su conjunto— queda desdibujado si las instituciones no responden en defensa de la legalidad vigente en su relación con los principios que informan el orden constitucional. Y esta polémica también golpea la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
La secuencia de eventos ha sido difícil de digerir para muchos españoles que, hasta hace poco, han visto cómo cualquier posibilidad de una amnistía general para los actos del procés era negada enfáticamente por las mismas autoridades que luego finalmente la han impulsado. Baste recordar que en marzo de 2021 el Congreso de los Diputados rechazó siquiera tramitar una propuesta de amnistía presentada por los partidos independentistas, señalando que chocaba frontalmente con la Constitución.
Sin embargo, tras las elecciones de 2023, la necesidad de apoyos parlamentarios llevó a un giro de 180 grados, negociando y aprobando la LOA en tiempo récord, sin un debate público previo amplio y con la oposición frontal de la mitad del país. Este cambio brusco necesariamente tiene que minar la fe de muchos ciudadanos en la coherencia y rectitud de sus gobernantes, extendiéndose la sensación general de que las instituciones (el Parlamento, el Gobierno, e incluso órganos de garantía como el Tribunal Constitucional) actúan más al servicio de la supervivencia política de unos pocos que del interés general.
Finalmente, este caso de la LOA culmina un proceso de degeneración política que España viene viviendo desde hace varios años, en que la percepción general de polarización y el cansancio de los ciudadanos frente a los abusos de poder lleva a unos niveles de desconfianza creciente en la propia democracia.
Los datos oficiales del CIS -respaldados por estudios de organismos internacionales (OCDE) y encuestas privadas (Ipsos, 40dB, etc.)- muestran tendencias negativas prácticamente unánimes en el que la confianza en la democracia española se ha erosionado tras años de crisis y polarización.
A eso se une la incapacidad de los gobernantes para solucionar los problemas que verdaderamente importan a los ciudadanos como, por ejemplo, el estancamiento del poder adquisitivo o las dificultades en el acceso a la vivienda, que alimentan ese peligroso cóctel de desconfianza y pesimismo en las democracias modernas al mismo tiempo que crece el apoyo a opciones autoritarias que socavan la paz y la convivencia.
En esta situación se hace impostergable un amplio debate público sobre cómo revertir la pérdida de confianza en el sistema democrático y sus instituciones, y leyes como la LOA no ayudan a ello, aunque en su denominación incluya la falacia «para la normalización institucional, política y social en Cataluña».
Tribuna publicada en Expansión.
Estás en Inicio » Actualidad » Blog » La amnistía española ante el TJUE: ética pública, justicia y confianza en juego