Un decreto para ayudar a las empresas

 César Fernández es profesor del IEB El Real Decreto Ley (RDL) de Medidas Urgentes en Materia de Refinanciación y Reestructuración de Deuda Empresarial, aprobado en marzo, tiene como principal objetivo evitar que las empresas que sean operativamente viables, es decir, que su actividad ordinaria de ingresos y gastos sea positiva antes de tener que hacer frente al servicio de la deuda, no terminen en causa de insolvencia, por su elevado endeudamiento.Estas compañías serían totalmente solventes si tuviesen un nivel de deuda más reducido y unos vencimientos de la misma acordes con la generación de caja prevista por la sociedad. Precisamente, lo que el real decreto pretende es facilitar los mecanismos para que la deuda de las compañías con este perfil se pueda reducir mediante quitas, hasta alcanzar un nivel de deuda sostenible, la que podría asumir la compañía teniendo en cuenta su generación de caja.No debemos olvidar que, con la actual ley concursal, más del 90% de las empresas que entran en concurso de acreedores acaban en liquidación, con el grave perjuicio que genera para trabajadores, proveedores, acreedores, entidades financieras, etc.La nueva ley hará necesario un nivel de aceptación de la propuesta por parte de un 51% de los acreedores, incluso en un escenario de quitas. Antes existían varios supuestos, pero simplificando era necesaria la aprobación del 100% de los acreedores. Habrá un aumento de las sanciones si los empresarios rechazan un acuerdo. El decreto busca que los accionistas no tomen una posición que únicamente busque la defensa de sus intereses (mantener el máximo control accionarial de la empresa), si no que les haga aceptar acuerdos beneficiosos para la compañía, empleados y acreedores.Hasta ahora, los préstamos refinanciados debían ser provisionados en mayor o menor cuantía, según el acuerdo alcanzado. Ahora, pasarán a tener consideración de préstamos ordinarios, con lo que la banca tendrá más incentivos para alcanzar un acuerdo, ya que no le exigirá provisiones adicionales. Por último, se producirá una disminución de la carga impositiva. Estas operaciones generaban una carga impositiva elevada que obligaba a obtener fondos para hacer frente a los impuestos de la operación, lo que suponía un impedimento más para alcanzar un acuerdo.Pese al escaso “bombo” mediático que ha tenido, al tratarse de un tema muy técnico, la medida es muy positiva. Si finalmente se lleva a cabo, tendrá mucha más relevancia para la economía que la reforma fiscal de la que tanto se habla estos días. Se garantizará una menor destrucción de empresas y el nivel de deuda de las compañías en global se podría llegar a reducir, según las estimaciones optimistas del Gobierno, en cerca de 100.000 millones de euros.

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