Por Julio Fernández García, profesor del IEB.
La pasada semana, prácticamente todos los medios abrían sus ediciones con los mismos titulares: “El Pacto de Toledo adquirió el acuerdo por el que llevaba casi dos años debatiendo”, “La totalidad de los representantes de la comisión determinaron volver a ligar las pensiones al IPC real“. Ahora bien, la gran incógnita es definir la nueva nomenclatura de «real» o descifrar su fórmula de cálculo.
El IPC o Índice de Precios al Consumo es un indicador desarrollado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) con el fin de calcular mensualmente la evolución de la inflación. El IPC representa el valor del coste de la vida, ya que es un índice que recoge la variación que han tenido cada mes los precios de los bienes y servicios consumidos por los hogares españoles. El índice no recoge los precios de cada bien, sino la variación que sufren todos ellos en un año, es decir, si el IPC se incrementa un 2,2%, como en septiembre, las familias españolas tendrán que gastar un 2,2% más para poder adquirir su cesta de la compra básica.
Hay que plantear la migración hacia un sistema mixto de forma gradual y progresiva, acometiendo reformas de calado
El responsable del calculo del IPC es el INE, el cual aplica una serie de bienes y servicios que van modificando a lo largo del tiempo en función de su usabilidad y/o demanda, siendo lo que conocemos como «cesta de la compra». Esta cesta de la compra está configurada por 479 artículos segmentados en 12 grupos con sus correspondientes ponderaciones que serán con las que se calcule el IPC en relación con la variación del precio de cada producto sin tener en cuenta rebajas u ofertas.En este tan aclamado consenso utilizamos nuevos conceptos, manteniendo la demagogia electoralista, que ni los expertos alcanzamos a entender y, por lo tanto, difícilmente podrán comprender, asumir, digerir y apoyar los ciudadanos.
Existen diferentes conceptos en torno al IPC: IPC adelantado, IPC armonizado, IPC subyacente y/o IPC general. Entre todos estos no tengo la capacidad de definir, identificar o calcular la nueva expresión de IPC real en la que se sostiene la recomendación del Pacto de Toledo. Lo que realmente se ha hecho es derogar el Índice de Revalorización de las Pensiones, mecanismo introducido en la reforma del 2013 por el que se calcula la salud financiera de la Seguridad Social y, en caso de déficit, decreta una subida mínima del 0,25%. Las cuentas de la Seguridad Social, al margen de no tener la capacidad de afrontar esta revalorización, dejan en evidencia que las pensiones en el presente ejercicio deberían de haber bajado un 2,58%, con el fin de no incurrir de nuevo en déficit.
Pero la cuestión no es que yo alcance a entender el concepto de IPC «real» o su base de cálculo; la preocupación es que ni ellos mismos lo conocen ni se han interesado en desarrollar y/o comunicar la fórmula pertinente.
Muestra de ello es que los titulares de la presente semana, como vaticinábamos algunos, eran: «El Gobierno se desmarca del Pacto de Toledo y dice que las pensiones no se deben subir sólo con el IPC» o «La trampa del Pacto de Toledo, al descubierto», entre otros, lo que corrobora el interés político, y no social, de los diferentes ejecutivos.
Hay que desligar el sistema público de pensiones de cualquier campaña electoralista y establecer una norma legislativa más férrea para tener un sistema más estable.
Hay que desligar el sistema público de pensiones de cualquier campaña electoralista y establecer una norma legislativa más férrea para tener un sistema más estable. Paralelamente, plantear la migración hacia un sistema mixto de forma gradual y progresiva, acometiendo reformas de calado, es decir, reformas estructurales, ya que las ejecutadas hasta la fecha han sido reformas paramétricas, motivando los sistemas de previsión social complementarios financiados tanto por el empleado como por el empleador.
Con el fin de ejecutarlo con garantías, deberán de coexistir ambos modelos durante un período de tiempo, donde los jubilados actuales y los cercanos a alcanzar la jubilación permanezcan en el actual sistema de reparto y los que ingresan en el mercado laboral o aquellas personas que le restan un número de años importantes para la jubilación comiencen a migrar hacia un sistema mixto.
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