El Estado ha decidido requisar test a empresas privadas como Gamesa Siemens e incluso a Ayuntamientos. El objetivo es centralizar las compras y evitar la creación de un mercado negro de test. Pero eso también impide que las compañías y las autoridades locales puedan garantizar la seguridad de sus empleados. ¿Estamos ante una medida perfectamente razonable o se está excediendo el Estado?
Diego Pitarch, profesor del IEB; Sebastián Reina, profesor del IFTA; y Alejandro Macarrón, ingeniero y consultor empresarial, abordan estas y otras cuestiones en la tertulia del programa ‘Cierre de Mercados’, de Radio Intereconomía.
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