El año 2017 no podía concluir de manera más funesta para comunidades autónomas y ayuntamientos. Tras cinco años de supervisión y amenaza de intervención de sus cuentas públicas, encorsetando las inversiones y los gastos que pueden realizar las administraciones, el Ayuntamiento de Madrid sufría los efectos más temidos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, conocida como Ley Montoro.
Para Aurelio García, director del Global MBA con especialización en Finanzas del IEB, Hacienda “se está cebando con el eslabón más débil, porque es mucho más difícil resolver los problemas económicos de las comunidades autónomas”. Las cifras oficiales para el tercer semestre del 2017 avalan su tesis, las corporaciones locales registran un superávit del 0,51% del PIB, superando los 5.900 millones de euros. Las comunidades autónomas se quedan en 1.267 millones de superávit, aunque la deuda de las mismas ha aumentado en 30.104 millones desde 2015. En cambio, la deuda de las entidades locales ha bajado en 6.293 millones durante el mismo período, estableciendo una amplia brecha a favor de los ayuntamientos de 253.844 millones de euros menos de deuda.
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