Por Juan Abellán, Director del Máster en Mercados Financieros y Gestión de Activos.
El Gobierno, de la mano del señor Escrivá, intenta suavizar o poner un velo a un nuevo hachazo fiscal que, en un futuro cercano, vamos a sufrir, y que viene de la mano de los planes de pensiones. Será obligatorio realizar aportaciones a los planes estatales de pensiones y, por tanto, habrá un tributo más que pagarán empresas y trabajadores. Los planes de pensiones y otros productos para la jubilación han sido hasta la fecha un complemento para nuestra jubilación, no parte de la jubilación que hoy corresponde al Estado.
Es decir, se está intentando traspasar el ahorro personal de aquellos que deciden hacer un esfuerzo para tener una mejor tercera edad para incorporarlo a las pensiones estatales. Eso lo consiguen dotándolo de obligatoriedad vía convenio colectivo o acuerdo entre sindicatos, patronal y Gobierno.
Se trata de mezclarlo todo para que una vez más el contribuyente no se entere. Estoy seguro de que la suma de lo que recibiremos de la Seguridad Social más lo que se obtenga de los nuevos planes estatales será una cantidad igual a la que se recibe hoy solo de la Seguridad Social, es decir, uno más uno igual a uno. Se sume, divida o multiplique, se revuelva o amase como disponga el ministro Escrivá, si esto no cambia, es una subida de impuestos para intentar conseguir lo que parece ser una transición de un sistema de reparto a uno de capitalización o mixto, y esa no es la forma de hacerlo.
Un profesional ha de comenzar –aunque sea con poco al principio– a ahorrar para completar su jubilación en el entorno de los treinta años. Lo primero que tenemos que saber es con cuánto dinero nos queremos jubilar, normalmente estará en torno al 70% de los ingresos que se obtienen en los últimos años de actividad.
Para conseguirlo hemos de tener una idea de cómo nos jubilaremos, siempre en función de lo que cotizamos, y lo completaremos con ahorro personal, ya sea en planes de pensiones o en otro vehículo financiero. Esto ha de estar siempre separado y es función del legislador promover mediante estímulos fiscales el ahorro estable a largo plazo independientemente de que en momentos de crisis hay que impulsar el consumo; son compatibles, no excluyentes.
Desde el punto de vista de la gestión, es una nacionalización encubierta. Mientras la Unión Europea fomenta la libertad de elección de gestora en toda Europa, el Gobierno va en la dirección contraria y exige que se ahorre donde ellos digan e imponen los órganos de control, políticas de inversión, gestora y depositaría. Yo personalmente prefiero elegir quién gestiona mi plan o fondo de pensiones, y no es lo público mi favorito. Ya con Zapatero estuvieron a punto de invertir el Fondo de Reserva de pensiones en el Ibex, ¿se imaginan el resultado que hubiéramos tenido si llega a prosperar? Es, además, una patada directa a la competencia; veremos lo que tiene que decir la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Pero, lo más sorprendente de este asunto, es que una vez más se falta a la verdad pensando que el ciudadano todo lo traga.
El problema se disfraza y el ministro se viste de salvador del partícipe de plan de pensiones individuales. No es cierto que el problema de los planes de pensiones privados sea las comisiones elevadas, el Gobierno tiene la potestad de topar los máximos a aplicar en comisiones de los planes de pensiones privados, ya se han reducido varias veces en pasadas legislaturas. Lo cierto es que hay en planes de pensiones privados 86.240 millones de euros y en planes de empleo y asociados 39.819 millones, es decir un suculento bocado para el Gobierno de 126.059 millones de euros. El 40% de los hogares tiene un plan de pensiones.
El gasto en pensiones no es solo un problema, es el problema económico más importante que tenemos en España. El objetivo debería ser tener una visión más a largo plazo y contar con un consenso nacional o con un Mario Draghi. El objetivo es pasar el baby boom y no es justo que una sola generación cargue con este problema o que una generación que ha trabajado duro y cotizado vea mermada su jubilación. Si le preguntas a un menor de 50 te dirá lo contrario de quienes han superado esta edad: soluciones encontradas.
La solución no es fácil, es una serie de medidas múltiples aplicadas en conjunto; la solución no puede venir de diferentes parches a destiempo. No se pueden aplicar medidas populistas como la de subir las pensiones más bajas y mantener las más altas. Hay un gran número de autónomos que han optado por tributar el mínimo y ahorrar por su cuenta, frente a otros que llevan toda la vida tributando al máximo. El principio de contributividad, es decir, proporcionalidad entre lo percibido y lo aportado, no se puede perder en aras del buenismo.
Hay que proteger a los más indefensos, a los que menos tienen y también a los que con su esfuerzo han cotizado al máximo. Hay solución, medidas que se pueden aplicar sin hacer daño a los que se jubilan en los próximos inmediatos años: alargar la edad voluntaria de jubilación de forma rentable para las dos partes, medir el gasto de los próximos 30 años e incluso separar de la deuda y déficit el gasto que supone el baby boom y aplicarle medidas financieras a largo. Soy optimista en los ingresos futuros; personas y empresas son cada vez más eficientes y podrán aportar más sin mermar sus ingresos.
Es importante, urgente y necesaria una mejora significativa en la gestión que el Gobierno está haciendo de nuestro problema económico más relevante. Sobre todo hay que eliminar la política de este problema e ir al ciudadano con la verdad por delante. Como nos enseñaban en el colegio… veritas vos liberabit, la verdad os hará libre.
Tribuna publicada en Cinco Días.
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