Por Aurelio García del Barrio, director del Global MBA con especialización en Finanzas.
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Pedro Sánchez, ya presidente del Gobierno, se enfrentó al proceso de investidura con un clima social de crispación, que no se recordaba en España. Después de alcanzar un acuerdo con ocho fuerzas políticas, vamos a ver un Ejecutivo soportado por una coalición Frankenstein, más compleja, si cabe, que la de la última legislatura.
Hay dos aspectos fundamentales en la negociación con los independentistas catalanes, por un lado, los acuerdos políticos, que incluyen la Ley de Amnistía, la presencia de un relator internacional en las negociaciones, y se abre una puerta a un futuro referéndum en Cataluña, y por otro, el coste económico.
Los jueces, fiscales, inspectores de Hacienda y Trabajo, sindicatos de Policía y Guardia Civil, confederaciones empresariales, por no hablar de la gente en la calle, han alzado su voz ante el mismo. Quizá alguien se debería hacer mirar que no todo vale para mantenerse en el poder.
Desde la perspectiva económica, el PSOE ha cedido a Junts y ERC, la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Cataluña, la condonación de un 20% de la deuda que tiene Cataluña con el FLA, y ambos partidos se emplazan a abordar los elementos esenciales de un plan para facilitar y promover el regreso a Cataluña de la sede social de las 7.000 empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios por el proceso independentista … casi nada.
Vamos por partes, en primer lugar, ¿qué significa, como proclama el acuerdo entre Junts y el PSOE, la cesión a la Generalitat del 100% de todos los tributos que se pagan en Cataluña? Aunque lo que se ha plasmado es un acuerdo de intenciones, y obviamente habrá que desarrollarlo, donde el diablo está en los detalles, si esto supone que se está hablando de un nuevo sistema foral estaría fuera de la Constitución. Básicamente, por una razón muy simple. La carta magna lo habilita por razones de derechos históricos, como reza la disposición primera de la Constitución, al País Vasco y Navarra. Ninguna otra comunidad, salvo Canarias, tiene derecho a un régimen propio a causa de su singularidad territorial.
Con la condonación de la deuda se está premiando la mala gestión del Gobierno catalán
La pregunta pertinente, es conocer qué efectos tendría sobre el conjunto de la financiación autonómica y, como resultado, sobre la solidaridad interregional si una comunidad, o varias, o todas, tiene competencias sobre el 100% de todos los tributos que se pagan en la región.
El actual modelo de financiación autonómica se basa en un sistema de tributos cedidos por el Estado a las distintas comunidades autónomas. Es decir, aunque la Agencia Tributaria estatal recaude los impuestos, una parte sustancial ya se queda en la caja de las comunidades autónomas.
Actualmente, los tributos que gestionan las comunidades son los siguientes:
- El 50% de la tarifa del impuesto sobre la renta de los residentes en cada una de las comunidades, con una amplia capacidad normativa.
- El 50% de la recaudación líquida por impuesto sobre el valor añadido.
- El 58% de la recaudación líquida por los impuestos al vino, la cerveza, las bebidas fermentadas, hidrocarburos y tabaco.
- El 100% de la recaudación líquida por el impuesto sobre la electricidad.
- El 100% de la recaudación del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, además de impuesto sobre sucesiones y donaciones o los tributos sobre el juego y las tasas correspondientes a los servicios transferidos.
Por lo tanto, estamos hablando de pasar de un 50% al 100%. El único gran impuesto que no se ha cedido es el Impuesto de Sociedades, ya que una empresa puede tener actividades en varios puntos de nuestra geografía, y si no se gestiona centralizadamente, el Estado perdería esos ingresos para afrontar el gasto público.
Por otra parte, se plantea la condonación de un 20% de la deuda de Cataluña con el FLA, 15.000 millones más otros 1.400 en intereses. El problema es que el resto de Comunidades se va a subir a este carro, cómo es lógico.
El FLA o Fondo de Liquidez Autonómico es un mecanismo de provisión de liquidez que el Estado puso en marcha en 2012, en plena crisis de deuda soberana. Por aquel entonces el grueso de las comunidades vieron cerrado su acceso a los mercados de deuda y el Estado creó un fondo por el cual se prestaban recursos a bajo interés a las comunidades interesadas en adherirse a este mecanismo y estas se comprometían a devolver ese préstamo en un plazo de diez años con los dos primeros de carencia.
La deuda total de Cataluña es de casi 87.000 millones, de los cuales, 73.000 son con el FLA, que sigue creciendo año tras año, como un efecto de bola de nieve, porque Cataluña, como otras comunidades, recurre al FLA para cubrir vencimientos de deuda, para financiar el déficit autorizado por el Estado para cada ejercicio y porque además cada año tiene que hacer frente a las amortizaciones de deuda del FLA de ejercicios precedentes.
El problema de esta medida es que se está premiando la mala gestión. La Generalitat empleó dinero público, y, de hecho, hay gente acusada de malversación, por emplear el dinero de todos los catalanes, en promocionar el proceso independentista en el exterior, en vez de emplearlo en sanidad, educación, etc.
En definitiva, un despropósito, y la pregunta vuelve a ser la misma, ¿vale todo para mantenerse en el poder? Parece que para alguno, sí.
Tribuna publicada en Eleconomista.
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