Por Fernando Pinto Palacios. Magistrado. Doctor en Derecho. Letrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo (Área Penal). Profesor de la Especialización en Derecho Penal Económico del IEB.
Todas las mañanas se repite la misma escena. Enfrente del colegio al que llevo a mis hijos hay una plaza de parking reservada a personas con discapacidad. Está perfectamente señalizada. No hay margen de duda. A pesar de ello, muchas mañanas aparece ocupada por un coche que no lleva ningún distintivo.
Cambian las matrículas, los modelos, los colores y, seguramente, las excusas. La conducta se repite con una precisión burocrática. Un padre o una madre llega con prisa, ve la plaza libre, mira de reojo, calcula que solo serán dos minutos, baja al niño, coge la mochila, cruza la calle y desaparece entre la multitud de familias que entran al colegio. Al cabo de un rato, el coche se marcha… ¡hasta que -tras unos pocos minutos- se vuelve a ocupar por otro coche sin distintivo!
Esta noticia no abre ningún informativo. Se trata de una conducta normalizada que, por su cotidianidad, pasa desapercibida entre el aluvión informativo al que estamos acostumbrados. Sin embargo, en esa pequeña infracción late un dilema mucho más profundo y que está relacionado con la facilidad con
la que justificamos determinados comportamientos cuando la infracción nos resulta útil. Solo será un momento. Hoy lo necesito. Tengo una reunión urgente a la que no puedo llegar tarde. La fuerza vinculante de la norma -esa plaza está reservada para quien la necesita- cede ante la conveniencia de
una necesidad ¿imperiosa? que se juzga prevalente a cualquier otro interés.
En los últimos tiempos, la corrupción ha dejado de ser una noticia excepcional para convertirse en una presencia casi permanente en los medios de comunicación. En muchas ocasiones, la opinión pública juzga a los representantes públicos como si fueran un grupo moralmente ajeno al resto de la sociedad.
Quizá nos resulte más cómodo centrarnos en esa idea que concluir que, en realidad, han sido nuestros vecinos, amigos, compañeros de trabajo o padres del colegio los que, en un determinado momento, pasan a gestionar los intereses generales. Al igual que antes de administrar la «res publica», esos gestores del bien común se enfrentan, por desgracia, a tentaciones cotidianas que ponen a prueba su relación con la ley y el Derecho.
En esos momentos, el gestor público debe mirarse al espejo para comprobar si la imagen que se refleja en el mismo responde a ese código de conducta que les obliga a actuar con «objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres» (artículo 52 del Estatuto Básico del Empleado Público).
«El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente», dijo Lord Acton en 1887. Es cierto que existen diferencias jurídico-penales entre aparcar en un parking reservado para discapacitados y cometer un delito de cohecho, de prevaricación o de malversación. Sin embargo, el mecanismo moral que subyace en ambas conductas es similar: la oportunidad, la autojustificación y la sensación de impunidad.
El poder multiplica las ocasiones de apartarse de la norma. Y, precisamente, cuando esas ocasiones se justifican como excepciones inocuas, la frontera ética -y su correlativa frontera penal- empieza a desplazarse. Este tipo de comportamientos suelen avanzar a través de pequeñas concesiones. El regalo que se acepta porque parece una simple cortesía. La invitación que no se rechaza para no parecer descortés. La llamada que se realiza para favorecer a un conocido. El contrato que se configura desde el principio hacia su destinatario. La prebenda que se recibe con la confianza de que nunca será
descubierta. La dádiva empieza siendo pequeña y, al final, muta en costumbre.
La corrupción vacía de sentido la democracia, destruye la confianza en las instituciones, degrada el mérito y rompe la igualdad de oportunidades. Cuando un gestor público traspasa esa frontera, contribuye a la desmoralización del ciudadano honrado. Si la sociedad percibe que los escasos
recursos públicos se administran de forma torticera, se genera una sensación de cansancio cívico.
No solo se trata de fatiga moral, sino de un síntoma de deterioro institucional que compromete la calidad democrática y reduce la disposición de la ciudadanía a participar, vigilar y exigir responsabilidades a sus representantes. Se rompe ese vínculo simbólico -si se quiere, el «contrato social» de Rousseau- que mantiene unidos a la ciudadanía y a las instituciones.
¿Para qué respetar la norma si quienes tienen el deber reforzado de custodiarla la utilizan en beneficio propio? ¿Para qué cumplir con las obligaciones fiscales, esperar el turno, presentar una solicitud conforme al procedimiento o competir por una oportunidad si otros consiguen ventajas a través del favor, la influencia o la cercanía al poder?
Una sociedad fatigada por la corrupción tiende a pensar que un endurecimiento de la respuesta penal frente a este fenómeno será suficiente para regenerar la vida pública. Sin embargo, el Derecho penal llega tarde: actúa cuando la norma ya ha sido quebrantada, cuando el daño institucional ya se ha producido y cuando la confianza ciudadana ya se ha resentido. Quizá, por ese motivo, la lucha contra la corrupción deba comenzar mucho antes, en un plano previo y más silencioso: en la interiorización cotidiana del respeto a la norma, en la renuncia consciente a esas pequeñas ventajas indebidas y en la asunción de que la integridad pública se construye, ante todo, a partir de decisiones individuales aparentemente insignificantes.
Es posible que, en definitiva, empecemos a salvarnos cuando alguien, una mañana cualquiera, llegue tarde al colegio, vea libre la plaza reservada para personas con discapacidad y decida seguir buscando sitio. En esas pequeñas decisiones, en ese terreno en el que nadie mira, se decide la calidad moral de una sociedad pues, como decía Ortega y Gasset, «vivir es constantemente decidir lo que vamos a ser».
Artículo del Monográfico Análisis económicos, financieros y jurídicos del IEB.
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