Por Diego Pitarch Profesor del PD de Dirección y Planificación Estratégica de la Empresa del IEB.
Estamos en una posición muy poco habitual, incluso podríamos decir única. Así como hay una fila tremenda de países que quieren incorporarse a la Unión Europea, jamás se había dado un caso como el del Brexit, es algo con lo que nuestros dirigentes tienen que lidiar y el tiempo se agota.
Llevamos casi tres años sabiendo que el Brexit se acercaba y, sin embargo, quieren resolverlo en apenas dos semanas más, y tanto May como el Parlamento británico pedirán tiempo. Nuestro día a día no es una competencia política, pero sí económica. Como decía un amigo chileno, “los políticos que hagan política y las empresas que se dediquen a hacer negocios”. El problema principal surge cuando los negocios se ven afectados por esa “injerencia” política.
Lo primero a tener en cuenta es la incertidumbre del “a dónde vamos” o la pregunta al pueblo británico “quo vadis?”. Esta incertidumbre, si es momentánea, produce una pérdida de rumbo transitorio pero, cuando se prolonga en el tiempo y cada día hay una noticia nueva y algunas veces contradictoria, genera desasosiego y esto está provocando que muchas empresas ya hayan decidido irse y que otras se lo estén planteando.
En este contexto, solo hay tres escenarios posibles: que se llegue al acuerdo, que se conceda un aplazamiento para la salida del Reino Unido o que no se alcance ningún acuerdo, que parece ser el final más probable de esta película. Si finalmente no se logra un acuerdo, la situación sería dolorosa y el Reino Unido se convertiría en un país tercero con respecto a la Unión Europea.
Dediquemos un momento a reflexionar sobre las consecuencias porque, evidentemente, esto afectaría al comercio con un país que supone un superávit en las expediciones de la Unión Europea. En caso de que se produzca la salida definitiva, ¿cuáles serían las consecuencias internas en las empresas en su operativa? Desde la perspectiva jurídica, muchos de los contratos que se han realizado en los últimos tiempos hacen referencia al marco legal europeo. ¿Qué pasa ahora si se retrasa la mercancía por un problema aduanero? ¿Lo tenemos contemplado en el contrato? ¿Qué pasa con las licencias? Y si ya queremos rizar el rizo, ¿qué pasa con los contratos laborales? ¿Qué consecuencias tendría en la Seguridad Social y la cotización de los empleados de otros países de la UE?
En primer lugar, la contratación de empleados de la UE y viceversa se puede ver muy afectada. En la actualidad muchos puestos están cubiertos en gran parte por profesionales originarios de la UE. Se entiende que, a efectos de titulación, se reconocerán las de los profesionales, pero es algo que no está asegurado al 100%.
En segundo lugar, las normas de origen de los productos fabricados en España con componentes británicos pueden cambiar ya que podrían perder el origen UE y afectará principalmente a los países con los que tenemos acuerdos comerciales bilaterales. Si ya lo ampliamos a la aduana pura y dura implica, de entrada, poner aranceles a los productos que se importan en el Reino Unido, lo que hará que se encarezcan los costes de producción y consecuentemente los productos en el Reino Unido y los originarios de allí.
En tercer lugar, no es probable pero sí posible que las empresas cobren más tarde y afecte a su flujo de caja. No se sabe si esto tendría algún tipo de repercusión sobre el SEPA, pero es algo que tampoco está aclarado.
En este sentido, con respecto a la libra esterlina, si bien es cierto que se ha recuperado ligeramente no podemos olvidarnos de que ha perdido valor desde que se anunció el Brexit. La consecuencia es doble: así como se puede convertir en un territorio atractivo para las inversiones, hay que tener en cuenta que, si cae más, la rentabilidad se puede ver afectada por una diferencia en el tipo de cambio. Lo lógico sería que a medio plazo se estabilizara y volviera a valores normales, pero, una vez más, nada es seguro al 100%.
Por otra parte, desde la perspectiva de la operativa de las empresas, tenemos que tener en cuenta que, a efectos de transporte, los permisos de circulación de los transportistas por carretera podrían (y ya se ha avisado desde la UE) no reconocerse, lo que limitaría mucho sus movimientos y el encarecimiento de este medio de transporte. Asimismo, en cuanto al transporte aéreo, en teoría los aviones británicos tendrán que solicitar permisos para poder volar hacia países de la UE.
En la aduana, no sólo habrá consecuencias para las empresas y los clientes de los dos mercados. La operativa aduanera se va a complicar y esto puede hacer que los productos frescos sufran demoras en su despacho, con las consecuentes mermas.
En definitiva, las empresas necesitan seguir avanzando, pero no podrán operar con una certeza del 100% ni protegerse por completo ante las posibles consecuencias. De lo que se trata es de prepararse lo máximo posible para que esas consecuencias tengan una repercusión mínima en los consumidores y en las empresas.
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