El IEB se convirtió la semana pasada en un foro de debate donde se analizó uno de los grandes retos que enfrenta España: la lucha contra la corrupción y los delitos económicos. Para ello, contamos con la presencia de Ignacio Gordillo, ex fiscal de la Audiencia Nacional y socio director en Ignacio Gordillo Abogados; Fernando Pinto, magistrado y letrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo; y Eduardo de Urbano, abogado of counsel y ex magistrado. Tres referentes del Derecho Penal que además forman parte de nuestro claustro jurídico.
El profesor Joaquín Danvila inauguró la jornada, destacando la relevancia histórica del IEB como centro especializado tanto en la formación como en el debate de asuntos financieros y jurídicos. Un mix que se refleja en el Programa de Especialización en Derecho Penal Económico, cuya próxima edición comienza este mes de octubre.
Tipologías de delitos de corrupción en el código penal
Los expertos iniciaron la mesa redonda matizando que en España no existe un único delito tipificado como corrupción, sino una variedad de delitos que implican el abuso de poder para beneficio personal o de terceros. Entre ellos figuran:
- La prevaricación: tomar decisiones arbitrarias y conscientes de su injusticia e ilegalidad.
- El cohecho: solicitar o recibir favores o retribuciones un funcionario por su cargo, ya sea para actuar en contra de sus deberes o simplemente por la función que desempeña.
- El tráfico de influencias: Utilizar el cargo para influir en una resolución y obtener un beneficio económico o de otra índole.
- La malversación: cometer actos ilícitos sobre el patrimonio público.
- La financiación ilegal de partidos políticos.
Luces y sombras en la lucha contra la corrupción
En 2024, España descendió 10 posiciones en el Índice de Percepción de la Corrupción, reduciéndose a 56 sobre 100. Un descenso significativo que, sin embargo, aún coloca a nuestro país en el puesto 46 de 180, por delante de naciones como Fiji, Omar o Portugal. Pero aunque los últimos datos disponibles apuntan a una mejora de la imagen pública de las instituciones (cosa que podría cambiar en el informe de 2025), existen dudas sobre los progresos reales en la lucha contra estos delitos.
En este sentido, el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa denuncia que España aún no ha implementado satisfactoriamente ninguna de las 19 recomendaciones emitidas en 2019. La memoria de la Fiscalía General del Estado también ha manifestado un incremento en los procedimientos penales en estas materias, pasando de 801 en 2021 a 885 en 2023.
Sentencias y Complejidad en Delitos Económicos
Los expertos destacaron que el número de sentencias por delitos económicos y de corrupción sigue creciendo. En 2021 se dictaron 22 sentencias; en 2022, 27 sentencias; y en 2023, 31 sentencias. Pese a ello, un porcentaje significativo de éstas concluye en absolución, algo que los expertos atribuyen a la alta complejidad de los casos, las dificultades probatorias y la alta calidad de los abogados defensores involucrados. Esto último se debe a que los implicados, a menudo de alto nivel político o económico, pueden permitirse contratar a los mejores despachos.
Durante la jornada se hizo hincapié en la amenaza de la corrupción, que constituye un problema omnipresente en nuestra sociedad, no solo por los casos mediáticos, sino también por sus efectos profundos: genera desconfianza ciudadana, merma la eficacia de los servicios públicos y desalienta la inversión.
Además, se destacó el elevado coste de la corrupción para la economía: 60.000 millones de euros o en torno al 4,5% del PIB. En este contexto, el derecho penal adquiere un papel esencial al sancionar conductas que lesionan bienes jurídicos protegidos, en particular aquellos que comprometen a las administraciones públicas y a sus principios constitucionales de objetividad y eficacia.
Asimismo, se hizo hincapié en la importancia de la defensa temprana, los programas de cumplimiento normativo y los retos de las macrocausas.
Defensa legal
Los expertos debatieron sobre la necesidad de que la defensa legal comience desde el primer día de la citación de un investigado, no esperando hasta después de la fase de investigación.
Se defendió así la labor del abogado, que es crucial desde el inicio del proceso, incluyendo la fase de instrucción, para abordar problemas como el embargo de cuentas en casos de delitos económicos, que afecta directamente la vida del cliente y su capacidad para pagar abogados.
Los expertos concluyeron que un jurista debe ser crítico y activo en el proceso, no pasivo, para evitar que el proceso avance sin una defensa adecuada.
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