Por Jesús Pérez Pérez, profesor del IEB.
El sistema público de pensiones español afronta una prueba que hasta ahora ha conseguido aplazar: la jubilación masiva de la generación del baby boom. Aunque el empleo y las cotizaciones mantienen hoy las cuentas bajo control, la demografía anticipa un escenario mucho más exigente, con más pensionistas, pensiones más elevadas y vidas más largas.
Las reformas adoptadas han reforzado los ingresos, pero dejan poco margen para seguir cargando el ajuste sobre las cotizaciones. El próximo Gobierno tendrá que decidir cómo repartir una factura que ya está escrita en la pirámide de población. Y cuanto más tarde se aborde, más difícil y costosa será la solución.
Sostenibilidad del sistema ante la jubilación de la generación del baby boom.
En septiembre de 2026 la Seguridad Social pagó 14.498 millones de euros en pensiones contributivas, un 6,3% más que un año antes, a algo más de 9,5 millones de pensionistas, cuyo número sólo creció un 1,6%. El desfase no es casual: quienes se jubilan ahora lo hacen con pensiones superiores a las de quienes causan baja, y toda la nómina se actualiza cada año con la inflación. Y lo más exigente aún no ha empezado. La generación del baby boom, nacida entre finales de los cincuenta y finales de los setenta, apenas comienza a jubilarse.
El sistema vive un momento engañosamente cómodo. La afiliación roza los 22,4 millones de personas, el empleo bate récords y las cotizaciones crecen con fuerza gracias a la inmigración y a la subida de bases. Pero una ratio de algo más de dos afiliados por pensionista es una foto fija; lo relevante es la película.
Las cohortes que se jubilarán en las próximas dos décadas son las más numerosas de nuestra historia, han cotizado más años y con bases más altas, y vivirán más que ninguna generación anterior. Cada una de esas características, buena para ellas, supone una carga para el sistema. Y los afiliados de hoy son los pensionistas de mañana: el empleo amortigua la transición, pero no la resuelve.
Las reformas de 2021 y 2023 eligieron garantizar el poder adquisitivo y cerrar la brecha por la vía de los ingresos. AIReF estima que esas medidas aportarán de media un 1,6% del PIB anual hasta 2050 y que el gasto neto se situará en torno al 13% del PIB, apenas tres décimas por debajo del límite legal.
La regla se cumple, pero por un margen que cabe dentro del error de cualquier hipótesis sobre productividad, natalidad o migración. Y la propia AIReF advierte de que cumplirla formalmente no garantiza la sostenibilidad de las cuentas públicas. El próximo Gobierno no hereda una crisis de pensiones; hereda una crisis que todavía no se ve en la caja, pero que ya está escrita en la pirámide de población.
Cotizaciones, edad de jubilación, pensiones mínimas y relación entre pensiones y salarios
Un sistema de reparto se equilibra con cuatro variables: cuánto se cotiza, cuántos años se trabaja, cuánto se cobra y durante cuántos años. Ninguna se puede mover sin coste.
Cotizaciones. España ya tiene un tipo elevado en comparación europea, y el Mecanismo de Equidad Intergeneracional lo sigue subiendo año a año. A ello se suman el destope de las bases máximas y la cuota de solidaridad sobre los salarios altos. Cada punto adicional encarece el empleo, especialmente el de bajo salario, y resta competitividad. La vía de los ingresos no está agotada, pero se acerca a su techo práctico.
Edad de jubilación. La edad legal alcanzará los 67 años en 2027 y ahí se detiene, sin vinculación automática con la esperanza de vida, a diferencia de Dinamarca, Países Bajos, Portugal o Finlandia. Más eficaz que subir la edad legal sería acercar la edad efectiva a la legal: compatibilidad plena entre pensión y trabajo, jubilación flexible y penalizaciones actuarialmente neutras para las salidas anticipadas.
Pensiones mínimas. Su mejora es socialmente defendible, pero conviene ser honestos sobre su naturaleza: son redistribución, no contributividad. Su lugar natural es la financiación mediante impuestos. Mezclar ambas lógicas oscurece el debate sobre el verdadero coste del sistema.
Relación entre pensiones y salarios. Aquí está el núcleo del problema. La pensión media de jubilación ronda ya los 1.580 euros mensuales y la tasa de sustitución española está entre las más altas de la OCDE. Mientras, los salarios reales de los jóvenes llevan quince años prácticamente estancados. Cuando la pensión de quien se jubila se acerca al sueldo de quien empieza a trabajar, el pacto intergeneracional deja de ser una cuestión técnica y se convierte en una cuestión de justicia.
¿Qué tendrá que decidir el próximo Gobierno y qué margen real tendrá?
Tres decisiones serán ineludibles. La primera, qué hacer si la cláusula de cierre deja de cumplirse en una próxima evaluación: subir aún más las cotizaciones, como prevé por defecto la norma, o abrir por fin el debate sobre el gasto.
La segunda, cómo financiar el desfase estructural de una Seguridad Social que lleva años cubriendo su déficit con transferencias y préstamos del Estado; separar con claridad lo contributivo de la política social sería un ejercicio elemental de transparencia.
La tercera, si se mantiene un modelo que descansa casi en exclusiva en el primer pilar, mientras la previsión complementaria sigue siendo marginal fuera de las grandes empresas.
El margen político es estrecho. Los mayores de 65 años son el grupo de votantes más numeroso y movilizado, y ningún partido con aspiraciones de gobierno defenderá en campaña recortes explícitos. El margen fiscal tampoco es amplio: la deuda pública supera el 100% del PIB y las reglas europeas exigen trayectorias de ajuste creíbles.
Por eso, la reforma que viene probablemente no será una gran ley, sino un conjunto de ajustes paramétricos discretos: más años de cómputo, incentivos a la jubilación demorada, impulso a la previsión complementaria y quizá un factor de corrección ligado a la longevidad.
Lo peor que puede hacer el próximo Gobierno es esperar a que los números obliguen. Las reformas anticipadas se gradúan a lo largo de una década; las tardías se imponen de golpe y las pagan siempre los mismos: quienes menos peso electoral tienen.
La pregunta no es si el sistema público de pensiones sobrevivirá. Sobrevivirá. La pregunta es quién pagará la factura de la transición demográfica y si alguien se atreverá a decirlo en voz alta antes de que llegue.
Tribuna publicada en El Economista.
Estás en Inicio » Actualidad » Blog » Pensiones: el gran agujero que viene