Por Aurelio García del Barrio, director del Global MBA con especialización en Finanzas.
El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el ejercicio 2023, que se convierte en el más expansivo de la democracia española, y contemplan un techo de gasto de más de 198.000 millones de euros, que incorporan el aumento del salario de los funcionarios, la actualización de las pensiones con el IPC, más gasto sanitario y nuevas ayudas a las familias y parados.
Esta actualización de las pensiones, de acuerdo con el IPC interanual del mes de noviembre, que podría situarse en el 8,5%, elevará el gasto en pensiones en más de 190.000 millones de euros. Incluyen también el paquete fiscal anunciado recientemente, que contempla el nuevo impuesto a las grandes fortunas a partir de un patrimonio neto de tres millones de euros, la rebaja del IRPF para las rentas hasta 21.000 euros, el aumento del gravamen de las rentas del capital a partir de 200.000 euros, la reducción de los módulos para los autónomos o la subida del Impuesto de Sociedades para las grandes empresas, medidas con las que el Gobierno espera ingresar más de 3.000 millones de euros adicionales. Asimismo, espera los vientos de cola en la recaudación, derivados de la inflación.
El dinamismo de los ingresos públicos que se recogen en los presupuestos, están influenciados por la evolución de la inflación, por lo que no serán permanentes, y es que a pesar de estos mayores ingresos no se aprecia que sirvan para la reducción del déficit público.
La partida de gasto social ascenderá en 266.719 millones, la mayor hasta la fecha. En definitiva, el Gobierno ha planteado estas cuentas bajo la premisa de que los ingresos deben venir de quienes más tienen y con una enorme carga social. Desde un punto de vista macroeconómico, existe una elevada incertidumbre derivada de la guerra en Ucrania y un posible corte del suministro de gas ruso al conjunto de las grandes economías europeas.
Esto se traduce en que el PIB crecerá este año un 4,3%, para desacelerarse en 2023 a un 1,5%, y no se verá la recuperación a cifras pre pandemia hasta 2024. En cuanto a la inflación, nuestro gran problema en este momento, cerrará el año en un 8,8%, y se moderará hasta el 5,8% en 2023%.
La variación en los precios de la mayor parte de los bienes y servicios ha continuado aumentando o se ha estabilizado en niveles elevados. La evolución hacia delante dependerá de varios factores en los mercados internacionales, como el impacto de la invasión de Ucrania sobre el precio de las materias primas o la continuación de problemas en las cadenas de suministro. Sin embargo, será determinante el efecto que pueda tener el comportamiento de los márgenes empresariales, el resultado de la negociación colectiva y el impacto de las políticas públicas.
La inflación se ha vuelto pegajosa y se resiste a retroceder, de manera que nos dirigimos hacia tipos de interés más altos y eso aumenta el riesgo de recesión económica; forzados a escoger entre domar la inflación o evitar una recesión, los bancos centrales escogerán lo primero, tal como ya han empezado a materializar, tanto la Fed como el BCE.
Los fondos Next Generation de la UE están llegando muy por debajo de su estimación, y eso frena el crecimiento económico. España tiene todavía por delante una agenda de reformas que cumplir para continuar accediendo a los fondos NGEU y, probablemente, junto con la importancia de un plan fiscal a largo plazo, para recibir el apoyo del BCE en los mercados de deuda.
En definitiva, la pregunta del millón es, si en una situación de estanflación como la que estamos viviendo, estas cuentas públicas, son las más adecuadas, y el cuadro macro del Gobierno creíble. Yo diría que no; por un lado, el cuadro macro en el que se basa el Gobierno es difícil de sostener, y por otro, además creo que tienen unos tintes electorales importantes, lo que resulta en que terminan siendo ineficientes porque dañarán la competitividad de la economía española debilitando su tejido productivo. Además, resulta absolutamente contradictorio la falta de control del gasto público combinada con los sacrificios que se exigen a los ciudadanos y especialmente a la clase media, la gran perjudicada por las medidas fiscales.
Tribuna publicada en Expansión.
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