El 11 de diciembre de 2019, la Comisión Europea presentó el Pacto Verde Europeo, el primer paso para crear una economía europea sostenible. Durante el primer semestre, las autoridades siguieron trabajando en la meta de crear unas finanzas sostenibles.
El Grupo Técnico de Expertos en Finanzas Sostenibles emitió en marzo dos informes finales que sentaron las bases para la Taxonomía Sostenible de la Unión Europea. Esta taxonomía es un sistema de clasificación que enumera las actividades económicas y los criterios que pueden considerarse sostenibles desde un punto de vista medioambiental.
En la Cumbre Europea del 18 de junio se dio un nuevo paso adelante, con el establecimiento de un marco de trabajo para facilitar las inversiones sostenibles y modificar el reglamento (UE) 2019/2088 (en adelante, el reglamento ISR). Esta normativa entró en vigor el 20 de julio.
La regulación ISR tiene como objetivo determinar si una actividad económica puede clasificarse como ambientalmente responsable o no; y armonizar la taxonomía de la inversión sostenible en toda Europa. En concreto, el reglamento ISR establece que una actividad es sostenible si cumple uno o varios de los siguientes objetivos:
- Mitigar los efectos del cambio climático.
- Adaptación al cambio climático.
- El uso sostenible y la protección de los recursos hídricos y marinos.
- La transición a una economía circular.
- La prevención y el control de la contaminación.
- La protección y la restauración de la biodiversidad y los ecosistemas.
De cara a la segunda mitad del año, las autoridades europeas están considerando otras iniciativas legislativas más allá de la regulación ISR, según Jesús Mardomingo, director del programa en Derecho de los Mercados Financieros y socio director del departamento bancario y financiero de Dentons en España. En primer lugar, “se espera que la comisión europea adopte actos delegados que establezcan los criterios técnicos para los artículos relacionados con la transparencia de las empresas en los estados no financieros y los objetivos medioambientales.
“Además, la Comisión Europea establecerá una lista marrón de aquellos actividades que son significativamente dañinas para el medio ambiente”, añade Mardomingo.
Por otra parte, “se espera que los supervisores europeos (ESMA, EBA y EIOPA) desarrollen a corto plazo ciertos reglamentos técnicos relacionados con la mitigación y la adaptación al cambio climático (a más tardar para el 1 de junio de 2021) y a los otros cuatro objetivos ambientales citados anteriormente (a más tardar para el 1 de junio de 2022).
Por último y poniendo los ojos en España, el pasado 29 de mayo el Gobierno aprobó un proyecto de ley sobre el cambio climático y la transición energética, cuyo propósito es asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Acuerdo de París.
En conclusión, “parece que en los próximos meses vamos a experimentar una vorágine de iniciativas legislativas en el ámbito de la financiación sostenible. Tendremos que esperar para ver si estas medidas y regulaciones alcanzan los objetivos deseados o, por el contrario, habrá que adoptar medidas adicionales”.
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