La implementación parcial al ordenamiento jurídico español de la Directiva Europea de Mercados e Instrumentos Financieros (MiFID II), que entró en vigor el 3 de enero, crea inseguridad jurídica y afecta negativamente a los inversores y a la industria, advierten los expertos. Sin embargo, no todo es negativo. Miguel Ángel Bernal, coordinador del Departamento de Investigación del IEB, afirma que, aunque la implementación de la directiva no es completa, “la mayor parte relacionada con la protección a los inversores sí lo está”, lo que, en su opinión, supone un avance.
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