Por Ramón Casilda, profesor del IEB y consultor estratégico iberoamericano.
El FMI ha acordado firmar con Argentina un acuerdo Stand By, que históricamente es el número 27, por un total de 50.000 millones de dólares, lo que representa un 7,8 por ciento del PIB. Argentina debe este año lograr un déficit de 2,7 por ciento del PIB para cumplir con las metas de la entidad y de 1,3 por ciento en 2019. La tasa que se pagará oscila entre el 1,96 (los primeros 8.480 millones de dólares) y el 3,96 por ciento si los desembolsos acumulados superan esa cantidad, y será del 4,96 por ciento, si el préstamo se mantiene por encima de esa cantidad por más de tres años. El país tendrá tres años de gracia, así que comenzará la devolución en 2021.
Como estos acuerdos tienen una operativa poco conocida, hemos pensado comentarlas, siguiendo las definiciones que adopta el FMI.
El acuerdo Stand-By (SBA) es una herramienta de financiamiento del FMI disponible para cualquier país miembro que necesite financiamiento para superar los problemas de la balanza de pagos. Un SBA le permite al FMI responder rápidamente a las necesidades de financiamiento externo de un país y respaldar políticas diseñadas para restaurar el crecimiento sostenible. Todos los países miembros que enfrentan necesidades de financiamiento externo son elegibles para las SBA, pero esta opción ha sido utilizada con mayor frecuencia por los países de ingresos medianos o de altos ingresos, ya que los países de bajo ingreso tienen acceso a una gama de instrumentos en condiciones favorables.
El proceso de negociación generalmente lleva semanas, con Argentina casi cinco. Un país primero debe solicitar ayuda financiera del FMI. Luego de dicha solicitud, un equipo de personal del FMI mantiene conversaciones con el Gobierno para evaluar la situación económica y finan- ciera y el tamaño de las necesidades de financiamiento en general del país, y acordar la respuesta política adecuada. El país miembro tiene la responsabilidad principal de dirigir el diseño de las políticas que harán exitoso el programa respaldado por el FMI y de implementarlo. Por lo general, el gobierno y el FMI deben llegar a un acuerdo sobre un programa de políticas económicas antes de que el FMI preste dinero al país.
La duración de un SBA es flexible y, por lo general, cubre un período de 12 a 24 meses, pero no más de 36 meses, lo que concuerda con el problema de la balanza de pagos a corto plazo. El reembolso de los recursos recibidos en virtud de la SBA se debe pagar dentro de tres a cinco años posteriores al desembolso (Argentina cuenta con tres años), lo que significa que cada desembolso se reembolsa en ocho cuotas trimestrales iguales comenzando 3¼ años después de la fecha de cada desembolso.
El límite de acceso para préstamos no concesionales es el 435 por ciento de la cuota de un país, o la participación calculada en el FMI, neta de reembolsos, durante la vida del programa y el 145 por ciento de la cuota sobre una base anual. Bajo la política de acceso excepcional del FMI, puede otorgar préstamos por encima de estos límites normales caso por caso, sujeto a estudio y aprobación por parte de la Junta Ejecutiva del Fondo: un panel de 24 personas que representa los intereses de todos los países miembros cuyas contribuciones al FMI se utilizan para financiar miembros necesitados.
Una vez que se llega a un acuerdo sobre el programa económico, el FMI analiza el progreso del país hacia el logro de sus objetivos. Las evaluaciones periódicas de la Junta Ejecutiva desempeñan un papel fundamental en la evaluación del desempeño en el marco del programa y permiten que se adapte a la evolución económica. El marco del SBA permite cierta flexibilidad en la frecuencia de las revisiones en función de la solidez de las políticas del país y la naturaleza de sus necesidades de financiamiento. Además, se tiene en cuenta cualquier circunstancia imprevista que surja en el transcurso de un programa, por ejemplo, si un país sufre un impacto, como un desastre natural.
El FMI mantiene un diálogo abierto con una amplia gama de instituciones, organizaciones y ciudadanos de sus países miembros. Se relaciona regularmente no solo con el gobierno, sino también con sindicatos, académicos, estudiantes, analistas del sector privado, grupos de expertos, asociaciones religiosas y grupos comunitarios locales. Este amplio compromiso puede resaltar cuestiones importantes, ofrecer información para complementar los datos oficiales y proporcionar ideas que pueden diferir de las perspectivas en los círculos oficiales.
De manera que le deseamos al Gobierno argentino, y al país, todos los mejores desempeños y éxitos en esta nueva etapa que se abre en Argentina, donde España cuenta con sus tradicionales lazos históricos, pero también con una muy amplia y destacada presencia empresarial, cuyas inversiones extranjeras directas suman casi 37.000 millones de euros.
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